Quienes somos padres de familia, hermanos mayores, tíos, etc. deseamos siempre cuidar y aconsejar a nuestros menores hijos, hermanos, sobrinos, para que no caigan en la tentación de las drogas y no frecuenten espacios donde se consume y trafica con estas cosas que hacen tanto daño; claro está, dentro de una sociedad razonablemente conducida. 

Pero nos preguntamos, ¿de qué valen nuestros cuidados, nuestros consejos de mayores, nuestro celo en estos temas, si de pronto el mismísimo Presidente de la República de tu propio país libera a esos mismos delincuentes que comercializan cocaína y la siembran dentro la sociedad donde se moviliza nuestra juventud?.

Sabemos bien que al Estado peruano le cuesta mucho trabajo, dinero e incluso la vida de nuestros policías, capturar y condenar a estas mafias de narcotraficantes. Pero hoy sabemos algo más, esto a personas como Alan García y sus ministros de justicia poco les importa, si por liberarlos de la cárcel pueden cobrar a cambio un promedio de 10,000 dólares por cada año conmutado, según las denuncias realizadas.

Liberar más de 5,000 condenados por narcotráfico y robo agravado (cantidad impresionante), no sólo pasa por un análisis o crítica de índole estrictamente legal, ni por debatir si estaba o no dentro de las facultades del presidente hacerlo. Este tema, pasa sobretodo –es mi sentir- por una reflexión ineludiblemente ética y moral, así como por el más elemental ‘sentido común’; aprovechar el cargo de jefe de Estado (un jefe de Estado que es padre de familia) para usufructuar haciendo mal uso de una facultad presidencial liberando a miles de mafiosos narcotraficantes, habla sin duda del nivel de catadura moral que poseen ciertas personas, así como sus vergonzantes defensores. ¿Cómo imaginar que los destinos de una nación puedan estar en manos de seres que exhiben este tipo de conductas?.

Caer en cuenta que esto sucedió en el Perú resulta en verdad penoso y nos genera un sentimiento de honda vergüenza.