El 22 de junio del año 2012 el presidente del Paraguay, Fernando Lugo, fue destituido de la presidencia acusado por el Congreso de su país por la muerte de 11 campesinos y 6 policías durante un desalojo ocurrido en la localidad de Curuguaty. Aquel día la policía quiso desalojar a los manifestantes de un espacio  que era propiedad de un ex senador del partido Colorado (partido opositor); los campesinos reclamaban por la escasez de tierras agrícolas; la protesta llevaba tres semanas, o sea, menos de un mes. 

Fernando Lugo y su gobierno eran claramente defensores del campesinado, por ello, no dio su respaldo a las “fuerzas de seguridad”, sin embargo, expresó su pesar y condolencias a los familiares de los policías, así como de los campesinos asesinados; Lugo destituyó de inmediato al ministro del interior y al Jefe de la Policía quienes llevaron adelante la fatal medida de fuerza.

Se sostiene que esta tragedia habría sido un montaje gestado desde la oposición para destituir al presidente; el juicio político realizado por el Congreso fue veloz, sumarísimo; Lugo sólo tuvo dos horas para expresar su posición y en tiempo récord la oposición de derecha logró sacar al presidente.

En resumen: el 15 de junio ocurrió la matanza; el 21 de junio el Congreso aprueba el juicio político; al día siguiente, 22 de junio, Fernando Lugo fue destituido.

PERÚ

El 5 de junio del año 2009 ocurrió una matanza en la localidad de Bagua, pueblo de la selva nor-oriental del Perú. El enfrentamiento tuvo un saldo de 33 peruanos fallecidos: 9 indígenas y 25 policías. Los hechos ocurrieron cuando se pretendía desalojar a cerca de cinco mil peruanos de las comunidades awuajúm, huambishas, aguarunas, entre otros, quienes bloquearon la carretera en protesta contra un Decreto Gubernamental que favorecía claramente a grandes empresas trasnacionales y mineras, en suma, protestaban por la privatización de sus territorios sin consulta alguna y sin su consentimiento; el reclamo llevaba 60 días (dos meses) y nunca fueron escuchados a pesar que sus Apus (representantes espirituales de las comunidades) pidieron audiencia y diálogo diariamente al gobierno así como al Congreso para dar solución al problema.

Durante todo ese tiempo, el presidente Alan García señaló con insania que los indígenas en protesta: “no son ciudadanos de primera categoría”, que “no representan lo más avanzado del país”, que “no son ciudadanos de primera clase”.

Tras los hechos, no se señaló ni destituyó a ninguna autoridad pública; no hubo siquiera ni un memorándum de llamada de atención; no se destituyó a la Ministra del Interior (Mercedes Cabanillas), tampoco a los jefes policiales; al presidente Alan García nadie lo acusó de nada no obstante sus adjetivos y declaraciones despectivas contra los indígenas peruanos. Finalmente, el gobierno en pleno, incluido su primer ministro Yehude Símon y la mayoría de congresistas afines a Ollanta y la derecha en pleno, a la que se sumó la “gran prensa”, enfilaron sus baterías culpando de la tragedia a uno de los Apus representante de los indígenas quien precisamente había pedido audiencia y diálogo al Congreso de la república durante los dos meses que duró el reclamo; buscaron su “chivo expiatorio”, desviaron la responsabilidad y terminaron acusando a Alberto Pizango quien fue perseguido injustamente hasta verse obligado a pedir asilo en Nicaragua; de igual modo, muchos hermanos indígenas hoy purgan cárcel.

Noten ustedes la diferencia.

Alan García terminó su segundo gobierno con 44 ciudadanos peruanos muertos en protestas, gente sencilla que protesta por sus tierras y aguas limpias; en lo que va del gobierno de Ollanta, ya van más de 56 ciudadanos peruanos asesinados (entre campesinos y adolescentes).

Nadie los acusa de nada y ello sólo habla del desprecio e indolencia en el que estamos sumidos como país.

"Democracia" le llaman. Saquen sus conclusiones.